Publicado EL 17/04/10 por:
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Desde hace poco más de una década, La Araucanía, con un 29,5 por ciento de población mapuche -según el último censo- ha sido la plataforma para la visibilización de una deuda histórica que se arrastra desde la Pacificación. Durante estos años, los medios de comunicación han posicionado un “conflicto mapuche” en una pugna de intereses económicos que estigmatiza y condena a un pueblo a altos índices de pobreza y marginalidad.
No obstante los esfuerzos en políticas públicas impulsados durante los gobiernos de la Concertación, que tras el retorno de la democracia se hizo cargo de la demanda, la concentración del poder de la prensa escrita –con intereses antagónicos al de desarrollo con identidad que ésta planteó- presentó de manera permanente y sostenida, un ambiente tendiente a perfilar a grupos radicalizados minoritarios de comunidades de la Provincia de Malleco (cerca de 250 de un total de 2.400 jurídicamente constituidas en la región, según antecedentes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que pone en jaque el desarrollo social y económico de más de 900 mil habitantes.
Desde que asumió la Presidencia de la República Sebastián Piñera, los medios de prensa no han informado de quemas de fundos, ni de camiones, ni de atentados de ningún tipo. El “conflicto” parece haber concluido.
En vísperas del bicentenario, el Senador por la región, Eugenio Tuma, ha expuesto la urgente necesidad de aprobar un presupuesto especial. Es que al parlamentario le preocupan las 50 mil personas analfabetas, las 63 mil familias sin agua potable, las altas cifras de desempleo, las 300 mil personas con estudios incompletos en educación básica y media según el censo 2002, las miles de familias que no tienen vivienda propia o que viven de allegados, el estancamiento productivo y los constantes resultados negativos en las pruebas del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE).
En opinión del congresista, el presupuesto anual que se le destina no es acorde a las demandas, ya que considera que “La Araucanía es una región distinta a otras; multicultural, con demandas complejas e insatisfechas, lo que se suma a la gran deuda histórica que se mantiene con el pueblo mapuche” y donde la independencia sólo se produce en 1881.
ANEXION A CHILE
Se recuerda que los territorios ubicados entre el río Bíobío por el norte y Toltén por el sur, eran habitados por más de 190 mil indígenas. La llegada de los conquistadores trajo consigo la anexión definitiva a Chile, la aculturación y la redefinición de los límites de sus territorios. Es decir, reducción sin considerar la relevancia que la tierra tiene en su cultura y cosmovisión. Esta es la génesis que les ha condenado a la pobreza ya que tampoco se les entregaron títulos de dominio y las tierras nunca fueron inscritas en el Conservador de Bienes Raíces. Durante la dictadura, éstas se vieron reducidas más aún en virtud de la Ley 2.568, firmada por Augusto Pinochet Ugarte, César Mendoza Durán, Fernando Matthei Aubel, Arturo Troncoso Daroch y Alfonso Márquez de la Plata. Se promulgó el 10 de julio de 1979, reemplazando la Ley de India 17.729 de la Unidad Popular. Junto con derogar el mencionado estatuto, el régimen militar estipuló nuevas condiciones para dividir las tierras, lo que fue en desmedro de las comunidades. Así proliferó el divisionismo e individualismo. Las tierras, reducidas a pequeñas parcelas, anulan hasta la actualidad las posibilidades de potenciar su desarrollo productivo.
MITIGANDO EL ABANDONO
“Hay abandono y carencias como agua potable, caminos, puentes, títulos de dominio, hospitales, riego, derechos de agua, fomento productivo, educación, entre otros temas que son posibles de abordar si se disponen los recursos necesarios con instrumentos pertinentes”, puntualizó el Senador Tuma.
Esta deuda histórica -que hasta la fecha divide a los mapuches respecto de sus formas de lucha- es la que en 1989 incorporó el programa de gobierno de Patricio Aylwin, entonces candidato de la Concertación que firmó el Acuerdo de Nueva Imperial con cientos organizaciones y comunidades. Ese documento sentó las bases para la recuperación de tierras, el reconocimiento constitucional, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la creación de una nueva institucionalidad pública para asuntos indígenas, todos temas que son de absoluto desconocimiento por la sociedad en su conjunto.
Es que el “problema es de una complejidad muy grande. Son dos grupos distintos, que piensan en forma distinta y donde la palabra se usa de forma distinta. Un problema complejo que a veces queremos simplificar al máximo y se complejiza mucho más cuando hay tratativas con algunos grupos que son violentos, que pasan a llevar todos los trámites que se han hecho dentro de la legalidad y eso hecha a perder toda la negociación con las comunidades”, ha declarado Manuel Camilo Vial, Obispo de la Diócesis San José de Temuco.
El prelado ha sostenido que “los chilenos somos racistas y clasistas. Hay muchos años de pecado, porque esto viene del siglo XIX y que no es sólo por problemas de tierra, sino el tratamiento al pueblo mapuche, a una cultura que queremos hacer desaparecer y que no la respetamos. Es como si fueran de segunda”.
“ESCLAVOS DE ESTA EPOCA”
Y es precisamente a esa consideración a la que contribuye el enfoque con que los medios de comunicación tradicionales han presentado la temática mapuche, respondiendo además a intereses que parecen pretender mantenerles sometidos como “esclavos de esta época”.
El productor de televisión Wildo Candia, ha planteado que el sistema económico que hoy hemos aceptado -por acción u omisión- se basa en un pragmatismo que nos tiene en una “democracia de mercado”.
“El marketing tiene por objeto colonizar la mente con información para que el colonizado opte por un producto. En otras palabras, busca esclavos de esta época, por cuanto la acción de pensar es lo que se presenta como mayor problema para este sistema. Por eso tenemos la educación que tenemos. Esta “democracia de mercado” es controlada por grupos económicos, no políticos”, sostiene.
FALTA DE CONOCIMIENTO
Este planteamiento no está lejos de lo que opina Isolde Reuque Paillalef, ex asesora cultural del Gobierno de Chile en Bolivia, ex Consejera Nacional de la CONADI y ex Subdirectora Nacional de la misma Corporación, quien considera que ha existido una “línea editorial” instalada.
“Desde ciertos ámbitos ven a los indígenas como incapaces intelectualmente, con fuerza bruta capaz de todo, pero esos sectores necesitan de esos hombres y mujeres. Al ver que cada día estudian más y son profesionales, los indígenas se transforman en una amenaza, pues (esos sectores) no soportan ser igualados”, puntualizó.
A su juicio, durante los gobiernos de la Concertación se hizo evidente que la prensa, más que difundir lo que se hacía a nivel global en la Novena Región, “vendió” un conflicto con tintes raciales, discriminatorios y pobreza.
Al respecto, Guillermo Williamson, profesor de la Facultad de Educación y Humanidades y director del Programa Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de La Frontera de Temuco, estima que “existe un patrón ideológico compartido en los propietarios de los grandes grupos empresariales que se refiere a mantener su poder fáctico”.
UNA RELACION COMPLEJA
En ese contexto –explica- se establece una relación compleja con el Estado, “porque hay un espacio de negociación entre el Estado y los medios para contribuir a un escenario favorable a los intereses de ambos grupos de poder. Ambos “pautean” las noticias según sus intereses y la evaluación que hacen respecto del otro con el cual comparten –no todos- pero muchos de los intereses, pues ello implica sustentar la democracia formal y el mercado neoliberal y evitar así una crisis que afectaría a unos en lo político y a otros en sus riquezas”.
“A los grandes intereses económicos les interesa el conflicto potenciado por algunos grupos radicales mapuche y no mapuche, buscando generar en la sociedad global una hegemonía ideológica que vaya creando una condición subjetiva colectiva que permita, en algún momento, eliminar la Ley Indígena y con ello la defensa que tiene la tierra frente al mercado capitalista de propiedad de la tierra”, puntualizó.
El docente explicó que “la Ley Indígena 19.253, es una de las dos leyes anticapitalistas (la otra es el Estatuto Docente) promulgadas en democracia y por ello ha sacado del mercado a miles de hectáreas. En consecuencia, deben generarse las condiciones para que el mercado las recupere. Ese es, a mi juicio, el gran objetivo estratégico de los grupos poderosos”, puntualizó.
Para Williamson además existe prensa que por su conexión entre varios medios, establece opinión pública mayoritaria cuyos “intereses son los del poder económico y el conservadurismo ideológico cultural y por eso afirman la crítica al pueblo mapuche propietario de la tierra, recursos naturales, bosque y agua”.
“UN INVENTO DE LOS MEDIOS”
En un artículo titulado “Siete ideas básicas para entender el llamado “conflicto mapuche”, Domingo Namuncura, ex Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), ya planteaba que éste no existe en el sentido estricto de la palabra y que por el contrario, “es un invento de los medios de prensa conservadores”.
En su opinión, los programas sociales han visibilizado la existencia de los pueblos originarios. El problema de fondo –señala- es que “los indígenas ahora existen, son valorados y su cultura comienza a ser apreciada”.
“Parte de sus tierras han sido recuperadas. Ahora se entiende que su problema no es sólo de pobreza. Se trata fundamentalmente de una problemática política. Pero ahora surge otra dimensión, más compleja porque el desarrollo económico de Chile necesita del patrimonio indígena, sus bosques, sus ríos, sus aguas, su potencial turístico (Rapa Nui es un ejemplo de ello), sus minerales. Esta riqueza no puede estar en manos exclusivamente de los indígenas; los chilenos (perdón los privados) la requieren. Esta necesidad se adorna con argumentos doctrinarios como el bien común del país, el crecimiento para generar igualdad, la energía para alimentar el consumo, el subsuelo rico en minerales para dar empleo. En suma, unos cuantos indígenas no pueden impedir el desarrollo de todos los chilenos”, explica en su texto.
Namuncura es categórico en precisar que el marco de fondo tiene que ver con la discusión sobre un modelo de desarrollo al que no se niegan los indígenas, pero del cual reclaman no “se realice a costa de su patrimonio territorial, ancestral y cultural”.
“El Convenio 169 viene entonces en su auxilio y a partir del 15 de septiembre (2009) se obliga al Estado de Chile a que todos los proyectos de inversión (pública y privada) sean consultados con los indígenas antes de pisar un centímetro de sus tierras. El acuerdo sólo podrá surgir de una negociación, pero de una negociación justa. Antes del Convenio 169 las características de este proceso eran de negación e imposición”, explica.
En sus escritos, Namuncura también ha coincidido en que la temática mapuche concierne a toda la sociedad y considera que está directamente vinculada con reconocer los derechos políticos de los indígenas en la Constitución, instalarlos en la institucionalidad del Estado, establecer un marco regulatorio de la inversión pública y privada en tierras ancestrales y consensuar con los indígenas chilenos una manera de entender el desarrollo con pertinencia cultural.
EL DESAFIO DE LA PRENSA
El Austral Temuco es el único medio impreso de circulación masiva en la región. Un análisis de 500 titulares publicados entre el 30 de junio y el 7 de noviembre de 2009 permiten establecer que 281 (56,2%) dan cuenta de diversos hechos vinculados al denominado “conflicto mapuche”, en tanto que 92 de ellos (18,4 %) difunden informaciones de carácter positivo relativas a inversión pública, actividades culturales y deportivas, entre otras.
Al igual que otros 24 diarios regionales, El Austral Temuco es propiedad del empresario Agustín Edwards, dueño de la principal cadena periodística del país que en Santiago incluye El Mercurio, Las Ultimas Noticias y La Segunda.
Los titulares, como el lenguaje utilizado, el espacio de relevancia que se otorga a la información, así como las imágenes y momento en que éstas se difunden, provocan una suerte de “efecto domino” en los diarios pertenecientes a la cadena, según el interés y objetivo de la contingencia.
El lunes 23 de noviembre de 2009 el vespertino La Segunda dio cuenta de un “Millonario desorden en platas para indígenas”, información emulada al día siguiente por El Mercurio que difundió “CONADI no recibirá más recursos hasta que rinda gastos del Programa Orígenes”. En tanto en Temuco, bajo el titulo “Paralizan dineros en la CONADI”, El Austral dedicó prácticamente una página completa a un informe que la Contraloría General de la República emitió en junio.
El documento da cuenta de gastos que a esa fecha estaban pendientes por rendir, tema que debería abrir una discusión más relevante respecto de la forma en que las comunidades responden por los recursos que reciben del Estado, por cuanto su cultura no considera ese procedimiento. La información de prensa, presentada con carácter de escándalo, fue divulgada ad portas de la elección presidencial en que las políticas públicas orientadas al mundo mapuche fueron blanco de variadas críticas.
LOS GRUPOS
Para la periodista y Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monckeberg, autora de “Los magnates de la prensa. Concentración de los medios de comunicación en Chile”, los Edwards “no sólo representan en sí un poder económico e ideológico. Asegura que además están ligados estrechamente a otros, y se refiere a sus lazos con el grupo Matte –dueños de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y de Forestal Mininco”.
María Olivia Monckeberg ha destacado que, pese a que la concentración mediática es un “fenómeno mundial”, en pocos sitios se observa en los niveles que ocurre en Chile, algo que vinculó a un empresariado “muy ideologizado” y con una “mentalidad muy conservadora”.
“Esto está obstaculizando el desarrollo de país, de las personas y el desarrollo democrático”, sostuvo, considerando que el actual panorama de los medios “restringe el desarrollo, no sólo de la libertad de opinión, sino la posibilidad de conocer la realidad y de discutir sobre temas relevantes.
SINTAGMA NOMINAL
Y esa es la contribución que hace, bajo el subtítulo “Un breve desvío analítico”, en su artículo “Por qué, para qué y cómo hacer análisis de discurso en los medios de discusión”, difundido a través de “Analizando los medios y la comunicación: teoría y métodos”, una publicación de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV), el director de Postgrado de la Escuela de Periodismo de esa casa de estudios, Pedro Santander Molina, quien expone la necesidad de analizar el lenguaje que utilizan los medios de comunicación para dar cuenta de los acontecimientos que rodean el “conflicto mapuche”.
“Este sintagma nominal forma parte del lenguaje rutinario de la prensa chilena y es empleado permanente y sistemáticamente por los periodistas para referirse y representar esta cuestión. Como vemos esta opción lingüística reduce a los participantes en el conflicto a un solo actor: el mapuche. De este modo no se menciona, y por lo tanto, se invisibiliza, a cualquier otro actor que también pudiera formar parte del conflicto, por ejemplo, el Estado chileno, las empresas transnacionales, Carabineros, las forestales, etc. Los mapuches se convierten así en los únicos actores referidos explícitamente. Sin embargo, sabemos objetivamente que en los últimos acontecimientos jóvenes como Matías Catrileo y Alex Lemun fueron asesinados por personal de Carabineros de Chile, es decir, por agentes chilenos del Estado chileno. ¿Cabe aquí hablar de conflicto mapuche? ¿O acaso no constituye el sintagma conflicto chileno-mapuche una más certera representación?”, explica.
Santander agrega que “cuando sistemáticamente se emplea el sintagma mencionado, lo que se está haciendo es ocultar las contradicciones generales de la situación, cosa que no ocurriría si se hablara del conflicto chileno-mapuche, sintagma cuyo uso hace imposible la negación o el ocultamiento discursivo de las contradicciones y que, además involucra y visibiliza a la otra parte del conflicto. Como vemos, en casos como éste, todo el sentido del análisis radica en las contradicciones históricas y en los actores sociales que el lenguaje permite invisibilizar; el lenguaje puede ocultar contradicciones y realizar de este modo una acción ideológica muy específica”.
MIRADA DE FUTURO
A juicio de Germán Quintana, actual secretario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex titular del Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan), quien tuviera la misión de liderar los diálogos comunales impulsados por la administración Frei en 1999, la prensa debería impulsar un “mejor periodismo investigativo que de cuenta en mayor detalle de los temas, para así colaborar a educar a la sociedad en su conjunto”.
“No hay mucho escrito en Chile sobre la relación del mundo indígena y el resto de la sociedad. Muchas veces los medios compran una historia, porque este tema es muy vendible mediáticamente y se reproduce información sin interiorizarse de las causas”, puntualizó.
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Nota 1: Este artículo participó, a comienzos de año, en el Concurso Nacional "La prensa chilena y el Bicentenario" convocado por el Círculo de Periodistas de Chile y la Universidad de Santiago.
Nota 2: Ha sido citado como referencia por Wikipedia en un artículo sobre la "Composición étnica de Chile"
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_%C3%A9tnica_de_Chile
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