Atentados en La Araucanía: ¿estrategia político-comunicacional del gobierno? Por Mirna Concha, periodista y analista comunicacional

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130121/pags/20130121154150.html Imposible saber con certeza cuándo la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) u otro grupo es en realidad autor de un atentado en La Araucanía. Ni siquiera el hecho de que se encuentren panfletos adjudicatarios es prueba tajante. Los últimos días de diciembre y los primeros del 2013, el país y el mundo fueron testigos de un escenario que comunicacionalmente proyectó la existencia de una verdadera "guerra de guerrillas" que así como llegó a las pantallas de televisión y medios impresos y electrónicos, desapareció de la noticia. El periodista de 24 horas Gonzalo Ramírez insistió sobre este tema consultando al Intendente Andrés Molina qué ocurrió para que los atentados terminaran repentinamente. La máxima autoridad de La Araucanía evadió reiteradamente la respuesta. Lo que sí es posible analizar es la correlación de los acontecimientos políticos que reportan los medios de comunicación oficiales y alternativos. La prensa da cuenta de que los incidentes en la "zona de conflicto" comenzaron en agosto de 2012, registrándose un total de 21 (1 en Lautaro, 1 en Victoria, 5 en Collipulli, 2 en las cercanías de Cañete, 3 en alrededores de Angol, 2 cerca del límite con la Región del Biobío, 1 en Vilcún, 3 en Temuco, 2 en Padre Las Casas y 1 en Pitrufquen) hasta el 10 de enero de 2013 (Fuente: emol 20 enero 2013). En septiembre los latifundistas anunciaron que harían justicia por sus propias manos. En octubre el gobierno obtiene negativos resultados en las elecciones municipales, en noviembre los "Presidenciables se despliegan para mejorar presencia en encuesta CEP de diciembre", cuyos resultados fueron considerados "claves para la carrera por la Presidencia". (Fuente: La Segunda online 21 de noviembre 2012). Los últimos días de diciembre, el candidato (UDI) Laurence Golborne durante su gira por La Araucanía y Osorno, criticó a los tribunales de justicia y pidió "empoderar a las policías, hay que darles las herramientas de inteligencia, de recursos físicos y de soporte político para que puedan hacer su trabajo adecuadamente. Porque no podemos enviar a policías con balas de goma a enfrentar delincuentes armados hasta los dientes". Golborne, entre otras cosas, contradecía con su planteamiento una resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que la semana anterior había ordenado a la Prefectura de Malleco "efectuar los procedimientos policiales que se le ordenaren con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración en cuanto a los medios de disuasión que se utilicen para controlar a grupos de personas que provoquen desórdenes". Esto se sumó a un recurso de amparo acogido por el Tribunal de Temuco contra carabineros por disparar perdigones desde un helicóptero interior de una comunidad en la que se encontraban niños. En el 2012 la Corte Suprema instruyó en tres ocasiones (5 de enero, 25 de julio y 26 de septiembre) a la prefectura de carabineros de Malleco exigiendo que sus operativos se ejecuten dentro de la normativa legal vigente. (Fuente: medios electrónicos alternativos). El 4 de enero, en Vilcún, muere calcinado el matrimonio Luchsinger Mackay en un atentado que por vez primera en el marco del denominado "conflicto mapuche", cobra la vida de seres humanos no mapuche (12 miembros de esa etnia han muerto entre 2002 y 2009, según artículo de Aldo Vidal, publicado el 27 de abril de 2011 por Enlace Mapuche Internacional). Está instalado que cualquier hecho que ocurra en Malleco es inmediatamente atribuible a los mapuche. Esta vez no fue diferente. Los medios de comunicación inmediata y automáticamente lo atribuyeron a los mapuche, sin existir panfletos adjudicatarios ni evidencia alguna de su autoría. Se instaló política y comunicacionalmente que había sido un atentado perpetrado por la CAM, se detuvo sólo en calidad de sospechoso a un machi que impartía talleres de salud intercultural de la Universidad Católica de Temuco (no hay detenidos vinculados directamente al atentado) y, a su vez, los propios mapuche asumieron implícitamente el tema auto convocándose a una cumbre en el cerro Ñielol el 16 de enero. Tras seis días de ataques incendiarios (entre el 4 y 10 de enero de 2013) y sin que ocurriera nada en lo particular que justificara el cese de los mismos (aparte del discurso instalado y posicionamiento comunicacional alcanzado por el gobiernoy la derecha justificando su lucha contra el supuesto terrorismo existente en la región donde 33.6% de la población es mapuche) La Araucanía volvió a la calma (Relación de atentados ocurridos, fuente: www.soychile.cl/temuco). ¿Qué ocurrió en realidad? Probablemente jamás lo sabremos. Lo único claro es el resultado de este episodio: un matrimonio fallecido, que se responsabiliza implícitamente de la autoría al pueblo mapuche sin que exista evidencia concreta, no hay detenidos formalizados ni mucho menos un pronunciamiento de los tribunales de justicia, se opera al machi inculpado extrayéndosele una bala cuya procedencia aún no se establece, Investigaciones indica que el peritaje del orificio de bala que se realizó en la casa del matrimonio Luchsinger Mackay corresponde a armamento de guerra, una subametralladora UZI cuya procedencia tampoco ha sido establecida, se instala comunicacionalmente que los mapuche son terroristas y que hay una guerrilla peligrosa con entrenamiento en Colombia (FARC) en La Araucanía, la CAM emite comunicado denunciado infiltración, se anuncian medidas que llegan al límite de decretar estado de excepción (Estado de Sitio), todos los actores políticos se pronuncian asumiendo también que los autores son mapuche y de la noche a la mañana el tema desaparece de los medios de comunicación. ¿Objetivo político comunicacional alcanzado? La prensa da cuenta de que más de 2.500 artículos fueron escritos sobre la temática en esos seis días. Saque sus propias conclusiones, pero en este episodio sin duda destaca la sabiduría con que actuó la dirigencia mapuche. De una amenaza hizo una oportunidad y en este escenario exigió que Piñera pida perdón por el daño causado por el Estado al pueblo mapuche poniendo un énfasis político a un tema que la derecha insiste en militarizar y judicializar.